Chad Bianco

Un gobernador podría rescindir órdenes ejecutivas estatales que limitan la cooperación 287(g), podría ordenarle al CDCR ampliar el acceso de ICE a las prisiones estatales, podría retirar fondos estatales de la asistencia legal para la defensa de inmigrantes, podría nombrar a un Fiscal General que apoye la cooperación con ICE, y podría vetar cualquier legislación que amplíe las protecciones de santuario.

La autoridad federal sobre la inmigración es exclusiva bajo la Cláusula de Supremacía, así que el gobernador no puede deportar gente, y el estado no puede obligar legalmente a las agencias locales a actuar fuera de sus estatutos. La SB 54 es un estatuto estatal, lo cual quiere decir que derogarla requiere acción legislativa que una supermayoría legislativa demócrata no va a proporcionar, así que la acción práctica sin legislación se limita a directrices ejecutivas que el siguiente gobernador puede revertir.

Esto es un daño directo, porque el Sureste de Los Ángeles incluye poblaciones grandes de familias inmigrantes de estatus mixto, así que una gobernación de Bianco que amplíe la cooperación con ICE produce un daño directo y medible, es decir, más arrestos en paradas de tráfico de rutina y en visitas a la clínica, más niños que se quedan sin sus padres, y más robo de salario que queda en silencio porque los trabajadores no lo pueden denunciar. El daño es la amenaza política individual más grande de su plataforma para los residentes del Sureste de Los Ángeles, y su récord como Sheriff de Riverside ya muestra el patrón en la práctica.

Un gobernador podría proponer legislación de derogación, podría firmar o vetar cambios en las sentencias, podría ordenarle al CDCR detener el cierre de prisiones, y podría nombrar a miembros a favor de las fuerzas del orden en la Junta de Audiencias de Libertad Condicional.

Las Propuestas 47 y 57 son medidas de boleta aprobadas por los votantes, así que derogarlas requiere una medida de boleta sucesora que gane a nivel estatal, y la AB 109 es un estatuto, así que derogarla requiere acción legislativa que una Legislatura con supermayoría demócrata no va a proporcionar. La Propuesta 36 de 2024 ya redujo parcialmente la Propuesta 47, lo cual quiere decir que el siguiente paso requeriría una nueva medida de boleta.

Esto es un daño directo, porque el Sureste de Los Ángeles tiene tasas altas y documentadas de familias que tienen contacto con el sistema legal y penal, y las medidas de descarcelación, es decir, la Propuesta 47, la Propuesta 57 y la AB 109, redujeron la carga de encarcelamiento sobre esas familias y mantuvieron a más padres en casa con sus hijos, así que la derogación revierte ese alivio y vuelve a introducir el camino de la separación familiar y el daño económico a través del encarcelamiento. Más prisiones también quiere decir más presupuesto estatal que se va al CDCR y menos que se va a las escuelas, a Medi-Cal y a la vivienda, que son los servicios de los que depende el Sureste de Los Ángeles.

Un gobernador podría vetar la legislación que habilita el sistema de pagador único, podría ordenarle al DHCS recortar las expansiones recientes de Medi-Cal donde el estatuto lo permita, y podría proponer recortes de presupuesto al programa.

Las expansiones de elegibilidad de Medi-Cal a los californianos indocumentados ahora son ley estatal, así que recortarlas requiere acción legislativa, y los términos del fondo federal de contraparte de Medicaid los fija el Congreso, mientras que la ley federal, específicamente EMTALA, exige la atención de emergencia sin importar el estatus migratorio.

Esto es un daño directo, porque el Sureste de Los Ángeles tiene tasas altas de personas sin seguro y una ola reciente de inscripción a Medi-Cal entre las familias de estatus mixto, así que recortar la elegibilidad de Medi-Cal para los indocumentados es una pérdida directa de cobertura para las familias del Sureste de Los Ángeles, y sin Medi-Cal los copagos y la prima del seguro del sector privado quedan fuera de alcance, sin ningún beneficio que lo compense.

Un gobernador podría ordenarle a CARB y a CalEPA limitar las regulaciones nuevas, podría nombrar a comisionados alineados con esa dirección, podría usar el presupuesto para reducir el personal que hace cumplir las regulaciones ambientales, y podría firmar legislación de recorte si la Legislatura la aprueba.

Los estatutos ambientales que ya existen en California, incluyendo la AB 32, la SB 32, la AB 617 y la SB 100, son ley estatal, así que derogarlos requiere acción legislativa, y las exenciones de la Ley Federal de Aire Limpio para California las controla la EPA federal.

Esto es un daño directo, porque el Sureste de Los Ángeles está en el centro de los corredores de movimiento de mercancías más grandes de California, es decir, la 710, la 60 y la 5, y el impacto acumulado a lo largo de esos corredores es el factor documentado que impulsa las tasas de asma y las brechas en la esperanza de vida, así que un gobernador que reduce la autoridad ambiental estatal concentra el daño en esos vecindarios. La AB 617, el programa comunitario de calidad del aire que cubre al Sureste de Los Ángeles, sería un blanco directo.

Un gobernador podría ordenarle al Departamento de Justicia estatal restarle prioridad a hacer cumplir ciertas leyes de armas, podría vetar nuevas restricciones de armas, podría nombrar a funcionarios alineados, y podría apoyar litigios en contra de las restricciones estatales.

Las leyes de armas que ya existen en California son estatuto estatal, así que el gobernador no las puede derogar de manera unilateral, y la doctrina del "sheriff constitucional" no tiene fundamento en la ley estatal ni en la federal, ya que los sheriffs no son funcionarios constitucionales con autoridad de revisión judicial, lo cual quiere decir que las cortes pueden ordenar que se haga cumplir la ley.

Esto es un daño indirecto, porque el Sureste de Los Ángeles tiene tasas documentadas de personas que han sido víctimas de la violencia armada, y las leyes estatales de prevención, es decir, las verificaciones de antecedentes, los periodos de espera, las restricciones a las armas de asalto y las leyes de alerta de peligro, son las herramientas estatales que existen, así que un gobernador que no las hace cumplir deja a las comunidades vulnerables sin ningún recurso estatal. El patrón del "sheriff constitucional," llevado a escala del nivel estatal, quiere decir que el gobernador decide de manera unilateral qué leyes hacer cumplir, lo cual es un golpe estructural al estado de derecho.

Bianco pagó $40 en cuotas anuales por una membresía de un año en los Oath Keepers en 2014, y la confirmó públicamente en octubre de 2021 después de la filtración de Distributed Denial of Secrets que identificó JJ MacNab del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington. En el debate de CNN del 5 de mayo de 2026 en East Los Angeles College, cuando Villaraigosa sacó el tema de la membresía, Bianco dijo, "Estoy muy orgulloso de ello," y cuando la moderadora Kaitlan Collins lo presionó, les dijo a los espectadores que leyeran la declaración de misión del grupo. CAIR-LA, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, exigió la renuncia de Bianco en octubre de 2021 por la membresía.

Los Oath Keepers son una organización paramilitar de extrema derecha cuyo fundador, Stewart Rhodes, fue condenado por conspiración sediciosa por el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio, así que para las comunidades del Sureste de Los Ángeles, incluyendo a las familias inmigrantes, a las comunidades de fe musulmana, y a las comunidades negras y latinas, un gobernador que en 2026 declara "orgullo" de haber pagado cuotas a esta organización está mandando un mensaje literal sobre cuáles fuerzas paramilitares se sentirían respaldadas por el gobierno estatal. La respuesta del 5 de mayo quitó cualquier ambigüedad sobre cómo enmarca la misión del grupo hoy en día.

El intento de defensa de 2021, en el que dijo "no lo recuerdo," ahora queda contradicho por su declaración de 2026 de que "estoy muy orgulloso de ello," y los hechos están documentados porque son sus propias palabras en un debate público. Cuando un candidato dice que está "muy orgulloso" de su membresía en una organización cuyo fundador fue condenado por conspiración sediciosa, no hay mérito en la defensa, porque es una declaración explícita de alineación.

El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside incautó aproximadamente 650,000 boletas, cerca de 1,000 cajas, de la elección especial de redistribución de distritos de la Propuesta 50 de noviembre de 2025, y CalMatters revisó las órdenes y reportó que el departamento "no tenía informantes internos, no tenía testigos y no tenía análisis forenses de expertos independientes" en el momento de la incautación. La Corte Suprema de California le ordenó a Bianco pausar la investigación y preservar las boletas, la oficina del Fiscal General Rob Bonta calificó la acción de "sin precedente en la historia del estado," y la Junta de Supervisores del Condado de Riverside votó 4 a 1 en abril de 2026 para NO cubrir los gastos legales de Bianco. En un foro comunitario de KQED en San Francisco el 18 de mayo de 2026 Bianco siguió defendiendo la incautación, diciendo que "no hay absolutamente nada malo en lo que hice," y le dijo al Washington Post que consideraría volver a incautar boletas en la primaria de junio de 2026 si alguien alega irregularidades.

Esta es la incautación electoral más grande en la historia de California, y si se permite que se mantenga sienta un precedente para que los sheriffs republicanos cuestionen las elecciones que sus partidos perdieron. La defensa de Bianco es la doctrina del "sheriff constitucional," que es la posición de que los sheriffs de condado de elección popular tienen autoridad independiente para negarse a hacer cumplir leyes estatales y federales que personalmente juzgan inconstitucionales, y para el Sureste de Los Ángeles, donde la organización electoral es la palanca principal del cambio comunitario, un gobernador con este récord es una amenaza directa a la integridad del proceso democrático.

No hay mérito, porque CalMatters obtuvo las órdenes y documentó que no había informantes, no había testigos y no había análisis forenses independientes, y la Corte Suprema de California intervino, mientras que la propia Junta de Supervisores del condado de Bianco, un cuerpo de elección popular en el mismo condado donde fue reelecto como Sheriff con cerca del 60%, se negó a pagar sus gastos legales. Cuando el propio condado de un sheriff y la corte más alta del estado coinciden en que la acción fue indebida, la defensa del "sheriff constitucional" se derrumba.

Las cárceles del Condado de Riverside registraron 18 muertes bajo custodia en 2022, el total anual más alto en 15 años, y el Fiscal General Rob Bonta abrió una investigación de patrón o práctica en febrero de 2023 por las muertes bajo custodia y el uso de la fuerza. Un caso con nombre es el de Alicia Upton, de 21 años, que murió el 28 de abril de 2022 en el Centro de Detención Robert Presley, y su familia presentó una demanda por derechos civiles, y a tres años de la investigación todavía no hay un decreto de consentimiento, no hay un mecanismo de monitoreo independiente, y no hay un plan de reforma publicado en el récord público.

Este es el récord directo que se debe evaluar para Bianco como un futuro gobernador que supervisaría al CDCR, el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, que dirige el sistema de prisiones estatales y no el sistema de los condados, y el CDCR ya tiene su propia historia de muertes bajo custodia. Un gobernador cuyo propio récord como Sheriff incluye 18 muertes en un año y una investigación abierta del Fiscal General llevaría el mismo patrón a una agencia de más de 30,000 empleados y un presupuesto estatal de varios miles de millones de dólares, así que para las familias del Sureste de Los Ángeles que tienen parientes encarcelados, que es un grupo grande dadas las tasas documentadas de familias que tienen contacto con el sistema legal y penal, esto quiere decir un riesgo material de daño y de muerte para sus seres queridos.

No hay mérito, porque el patrón está documentado por Prison Legal News, por LAist, y por la investigación abierta del Fiscal General estatal, y el RCSD no ha publicado un plan de reforma, mientras que una sentencia penal o condena de los responsables no está en el horizonte. Los problemas de personal y de salud mental son reales, pero son problemas que el Sheriff tiene la responsabilidad de resolver, y el récord muestra que no se han resuelto.

En diciembre de 2020 Bianco anunció públicamente que el RCSD no haría cumplir la orden de quedarse en casa de Newsom, en agosto de 2021 se negó a hacer cumplir el requisito estatal de vacunación para los agentes del sheriff, en octubre de 2024 el RCSD arrestó a Vem Miller cerca de un mitin de Trump en Coachella y Bianco lo describió como un "tercer intento de asesinato," lo cual llevó a Miller a demandarlo por $100M por difamación, y de febrero a abril de 2026 llevó a cabo la incautación de 650,000 boletas. Es un aliado de America First Legal y públicamente se le identifica con el movimiento de los sheriffs constitucionales.

El patrón es que Bianco hace cumplir la ley estatal de manera selectiva según su propio juicio personal, y como gobernador ese mismo patrón se aplicaría a un rango mucho más amplio de estatutos estatales, incluyendo las leyes laborales, las leyes ambientales, las leyes de derechos civiles, y las leyes de protección a inquilinos, así que para el Sureste de Los Ángeles quiere decir que las protecciones que las comunidades han ganado en la Legislatura podrían no hacerse cumplir si el gobernador personalmente se opone a ellas, lo cual es un golpe estructural al estado de derecho.

El marco del "sheriff constitucional" no tiene fundamento en la ley estatal ni en la federal, porque los sheriffs no son funcionarios constitucionales con autoridad de revisión judicial, y la revisión constitucional es la función del poder judicial y no del ejecutivo del condado. Esta doctrina la promueven principalmente organizaciones como la Asociación de Sheriffs Constitucionales y Oficiales de la Paz (CSPOA, por sus siglas en inglés) y no las instituciones legales reconocidas.

Trump respaldó a Hilton el 6 de abril de 2026, y la convención del CAGOP de abril de 2026 se dividió 49% para Bianco y 44% para Hilton, sin que ninguno alcanzara el umbral del 60% y sin un respaldo del partido. La división ahora se convirtió en una pelea abierta, porque en un artículo de opinión del California Post a mediados de mayo de 2026 Hilton le pidió a Bianco que terminara su campaña, diciéndole "usted no puede ganar" y que quedarse podría costarle "muy caro" a California, y al día siguiente Bianco se negó, escribiendo en X que "Gavin Newsom y la izquierda literalmente están pagando folletos por correo para asegurar que Steve Hilton sea su competencia" porque una contienda de uno contra uno con Hilton, según Bianco, les entregaría noviembre a los demócratas. Politico reportó que la Asociación de Gobernadores Demócratas sí envió correo que resaltaba el récord conservador de Hilton, Newsom ha hablado públicamente de tomar medidas de emergencia para evitar que dos republicanos lleguen a la boleta de noviembre, y en el foro comunitario de KQED del 18 de mayo Bianco llamó a Hilton "más peligroso que los otros demócratas" porque Hilton nunca ha ocupado un cargo de elección popular. El propio respaldo a Bianco corre mucho a través de las fuerzas del orden, incluyendo la California State Sheriffs' Association, la Riverside Sheriffs' Association y docenas de sheriffs de condado, y su plataforma de derogar las Propuestas 47 y 57 y la AB 109 ampliaría la población carcelaria y, por lo tanto, los empleos y el poder del sindicato de los guardias de prisiones, la CCPOA.

El campo republicano está dividido, y bajo la primaria de los dos primeros lugares de California esa división es el centro de la pelea, porque si los votos de Hilton y de Bianco se reparten de manera pareja puede que ningún republicano termine entre los dos primeros, que es el resultado que la petición de retiro de Hilton busca evitar y el resultado que los demócratas preferirían. Para el Sureste de Los Ángeles, donde la población es más del 70% latina y cerca del 95% no republicana en su registro, la dinámica importa sobre todo porque uno de los dos todavía podría avanzar a la elección general, y Bianco es el candidato más alineado con el cabildeo carcelario y de las fuerzas del orden, así que su gobernación significaría un presupuesto ampliado del CDCR, más contratos de prisiones y más empleos para la CCPOA, todo a costa de los servicios sociales de los que depende el Sureste de Los Ángeles.

La defensa tiene mérito parcial, porque Bianco sí ganó una mayoría relativa en la convención del CAGOP, sus encuestas se han mantenido en los dos dígitos, y que Trump pasara por alto a un sheriff en funciones para escoger a Hilton, quien nunca ha ocupado un cargo de elección popular, es un juicio sobre la elegibilidad que los votantes pueden sopesar por su cuenta. Donde la defensa no tiene mérito es en la idea de que Bianco es el republicano más seguro detrás del cual unirse, porque las encuestas públicas lo han mostrado de manera consistente por detrás de Hilton, así que la aritmética detrás de la petición de retiro de Hilton se sostiene aunque la petición claramente sirve a la propia campaña de Hilton. Para el Sureste de Los Ángeles el punto concreto es que si Bianco sí llega a la elección general, su mensaje será explícitamente paramilitar y antiinmigrante en lugar del barniz "Califordable" con el que se presenta Hilton.