Tom Steyer

Un gobernador puede ordenarle al Fiscal General del estado que entable acciones civiles por actos ilegales como agresión o allanamiento cuando se cometen fuera del alcance de la autoridad federal, y un gobernador puede emitir órdenes ejecutivas que restrinjan la cooperación estatal, presentar demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y presentar escritos de amicus curiae.

El límite duro es que los agentes federales que actúan dentro del alcance de sus deberes oficiales tienen inmunidad de funcionario federal bajo la Cláusula de Supremacía, una doctrina que viene del caso In re Neagle de 1890, y esa inmunidad los protege del procesamiento estatal, un límite que la propia publicación de Steyer en Substack admite en vez de esconder.

Si esto se cumpliera, significaría menos redadas de ICE en escuelas, hospitales, lugares de trabajo y tribunales de California, más protección para las familias de estatus mixto, y límites reales sobre cuánto puede cooperar la policía local con ICE, y para el Sureste de Los Ángeles en concreto significaría protección para nuestras redes de ayuda mutua y rutas más seguras hacia la escuela.

Un gobernador puede firmar una ley de pagador único si la legislatura la aprueba, puede solicitar exenciones federales bajo la Sección 1332 y la Sección 1115, y puede usar la autoridad del CDPH y del DHCS, pero el costo estimado es de más de $300 mil millones al año, y la oposición de la Asociación Médica Estadounidense es un obstáculo político grande.

El límite duro es que no se puede implementar de forma unilateral, porque requiere tanto a la legislatura como la cooperación federal, y aunque el SB 770, el estudio sobre el pagador único, ya está en marcha, implementar la política en sí tomaría varios años.

Si esto se cumpliera, significaría una cobertura universal de verdad que elimina los copagos, la prima del seguro, y las redes limitadas de proveedores en las que la gente está atrapada ahora, y para las familias inmigrantes significaría cobertura sin importar el estatus migratorio, mientras que para los trabajadores informales del Sureste de Los Ángeles significaría salir del Medi-Cal limitado y entrar al sistema universal, con cobertura dental, de la vista y de salud mental, todas al mismo nivel.

Un gobernador puede dirigir a las personas que nombra en la CPUC, firmar moratorias de permisos a través de CalGEM, e impulsar legislación, y aunque bloquear nuevos permisos es algo que se puede alcanzar en el primer año, reestructurar las empresas de servicios públicos es un esfuerzo de varios años que sería muy litigado.

El límite duro es que desmantelar las IOU requiere acción legislativa y probablemente una supermayoría, la prometida reducción del 25% de las tarifas todavía no tiene detalles que la respalden, y las IOU tienen relaciones de inversión bien establecidas con la legislatura que no cederían fácilmente.

Si esto se cumpliera, significaría recibos de luz de verdad más bajos para las familias de bajos ingresos, lo cual importa porque los recibos de SoCal Edison en el Sureste de Los Ángeles han subido un 60% en 5 años, y una opción pública competitiva empujaría las tarifas hacia abajo, mientras que para los inquilinos también significaría protección contra que les corten la luz por recibos sin pagar.

Un gobernador puede respaldar y promover iniciativas de boleta, tal como se promovió la Prop 15 en 2020 antes de que perdiera por un margen estrecho, puede firmar leyes que suban los impuestos a la riqueza si la legislatura las aprueba, y puede fijar las prioridades del presupuesto.

El límite duro es que los cambios a la Prop 13 requieren una iniciativa de boleta porque la Prop 13 está escrita en la Constitución del estado, y cualquier impuesto a la riqueza enfrenta amenazas constantes de fuga de capitales, algo que la oposición siempre saca a relucir, dado que California ya tiene los impuestos más progresivos del país.

Si esto se cumpliera, significaría ingresos importantes para vivienda asequible, transporte público y escuelas, ya que la Oficina del Analista Legislativo estimó que la reforma de la Prop 13 comercial podría generar alrededor de $6.5 mil millones a $11.5 mil millones al año en el análisis de 2020 de la Prop 15, y para el Sureste de Los Ángeles eso se traduciría en fondos reales para las escuelas locales y el transporte público.

Un gobernador puede diseñar y proponer el presupuesto, negociar con la legislatura, y usar la autoridad ejecutiva sobre departamentos existentes como el EDD, el CDCR y el HCD, y los bonos de infraestructura pueden financiar partes de un programa como este.

El límite duro es que una escala real requiere un presupuesto de varios años, la Prop 4 de 2014 impone topes de gasto, y la vivienda pública a gran escala requiere una reforma de zonificación local que el estado no controla de forma directa.

Si esto se cumpliera, significaría empleos directos con salarios dignos para los residentes que no tienen un título universitario, y para el Sureste de Los Ángeles eso significaría empleos en limpieza ambiental, restauración de hábitats e instalación de paneles solares, mientras que el cuidado infantil universal quitaría la principal barrera que mantiene a las madres fuera de la fuerza laboral.

Steyer ha recaudado $197M, el 99.9% de eso autofinanciado, con cero dinero de PAC corporativos, y para dar contexto, esa cifra es varias veces lo que recauda una campaña típica para gobernador en California, así que Steyer ya ha gastado más solo en la primaria que cualquier candidato a gobernador en la historia de California, y su gasto en televisión por sí solo es de unos $48M hasta el 1 de mayo según AdImpact.

Si los votantes del Sureste de Los Ángeles y de otras comunidades de pocos recursos llegan a creer que cualquier candidato con $197M puede simplemente dominar la conversación, eso puede tener un efecto desmovilizador, porque le enseña a la gente que el dinero gana de todos modos, pero por otro lado, si Steyer pierde a pesar de todo ese gasto, podría ser una señal de que el dinero en realidad no es decisivo a este nivel.

El argumento de "yo rechazo los PAC corporativos" es verificable y cierto, y la distinción entre el dinero personal usado para causas progresistas y el dinero corporativo usado para la captura no es poca cosa, pero aun así no resuelve la preocupación democrática de fondo, que es que una sola persona tiene la capacidad de financiar una campaña de $197M sin ninguna consecuencia.

En 2020 Steyer pagó anuncios en contra del Medicare para Todos de Bernie Sanders, y en 2026 él mismo hace campaña con Medicare para Todos, así que el giro está documentado y es público, y en diciembre de 2025 hizo una declaración explícita de "me equivoqué", mientras que su plataforma actual ahora incluye el Medicare para Todos estatal como un pilar central.

El riesgo es que si Steyer gana y luego en realidad no impulsa el Medicare para Todos, las comunidades que votaron por la promesa terminan sin la política que les prometieron, que es el patrón clásico de una promesa de campaña seguida de un repliegue al gobernar, y esto importa porque la atención médica universal está entre las prioridades más altas en las encuestas comunitarias del Sureste de Los Ángeles.

El cambio de postura está documentado y ocurrió antes de la campaña, en diciembre de 2025, y no como respuesta a la presión de la primaria, y si fuera puro oportunismo lo más fácil habría sido negar el cambio, ya que decir "me equivoqué" sí tiene un costo político, pero el patrón histórico de los multimillonarios aliados con la industria de los seguros es real y es justo tenerlo presente.

Farallon tuvo alrededor de $90M, o 2.27M de acciones, de CCA/CoreCivic de 2004 a principios de 2006, lo cual significa que la posición duró cerca de dos años antes de que salieran, y Steyer más tarde respaldó el AB 32, el proyecto de ley de Bonta de 2019 que prohibió los contratos estatales con prisiones privadas, y la verificación de datos de Factually confirma esta cronología.

Las familias inmigrantes del Sureste de Los Ángeles están más expuestas a la detención en prisiones privadas, que son operadas por CoreCivic y GEO Group bajo contratos federales, así que si Steyer históricamente sacó ganancias de ese sistema es un problema de fondo para la comunidad inmigrante, aun con la desinversión posterior, y la pregunta abierta con la que los votantes tienen que quedarse es si el arrepentimiento es completo o si es de conveniencia.

La desinversión es real y ocurrió hace 20 años, el AB 32 es legislación concreta que Steyer apoyó, y el hecho de que California hoy tenga cero contratos estatales con prisiones privadas es en parte resultado de esa política, y también es cierto que las inversiones de Farallon abarcaban cientos de empresas en muchos sectores, así que CoreCivic era una posición pequeña dentro de eso.

Farallon financió operaciones de carbón en Indonesia y Australia durante la gestión de Steyer, incluyendo una participación de deuda y capital de $455M en la adquisición de la mina Maules Creek, y el reportaje original sobre esto vino del New York Times de 2014 según lo refiere The Hill, y su defensa de que se deshizo de esas inversiones antes de salir de Farallon ha sido cuestionada por reportajes posteriores que mostraron que algunas de esas inversiones seguían activas en 2012.

Para las comunidades del Sureste de Los Ángeles que están expuestas a la contaminación industrial y a las refinerías cercanas, como el corredor industrial de Wilmington y los puertos de Los Ángeles y Long Beach, el patrón de un multimillonario que invirtió en aquello mismo que ahora critica tiene consecuencias de fondo que no son solo simbólicas.

NextGen, Galvanize y los $370M en activos de transición son tangibles y verificables, y el nivel de su inversión después de 2012 supera por mucho el daño financiero de antes de 2012, así que si la pregunta es si ahora es un aliado del clima, la respuesta es sí, pero si la pregunta es si ha hecho una reparación a las comunidades dañadas por sus inversiones del pasado, la respuesta no está clara.

No ha ocupado ningún cargo de elección popular, no ha redactado ningún proyecto de ley, y no ha emitido ningún voto, y sus cargos ejecutivos son Farallon de 1986 a 2012, NextGen de 2012 al presente, el Grupo de Trabajo de CA de 2020 a 2021, y Galvanize de 2021 al presente, mientras que su campaña presidencial de 2020 se retiró después de Carolina del Sur.

Un gobernador sin experiencia legislativa puede enfrentar una curva de aprendizaje considerable en su primer año, y eso llega en un momento en que California necesita acción rápida en clima, vivienda e inmigración, así que sin relaciones ya establecidas con los líderes legislativos, las primeras negociaciones del presupuesto pueden ser difíciles.

Schwarzenegger y Reagan son precedentes reales de gobernadores que llegaron sin experiencia previa en cargos electos, y Newsom había sido alcalde de San Francisco y no legislador, mientras que la experiencia de operar organizaciones con más de $20 mil millones en activos bajo gestión no es algo trivial, pero el contraargumento es que tanto Schwarzenegger como Reagan fueron bastante menos eficaces en su primer año que los gobernadores que llegaron con experiencia legislativa.

Los reportes de finanzas de campaña de enero al 18 de abril muestran que la campaña de Steyer pagó más de $123,000 a por lo menos ocho creadores de redes sociales, y aparte le está pagando más de $870,000 a una empresa digital, Group Project Digital, que recluta creadores para que publiquen videos diarios sobre él. La Comisión de Prácticas Políticas Justas del estado, la FPPC, abrió una investigación sobre un video del creador Isaiah Washington, a quien le pagaron $10,000 y cuya versión ya borrada del video no avisaba que era pagada, después de que dos creadores que apoyan a Becerra presentaron una queja. La ley estatal que exige avisar sobre estas publicaciones no trae ninguna multa, así que aunque se fallara en contra de la campaña no habría un castigo real.

Las publicaciones pagadas armadas para parecer la opinión sincera de un amigo pueden fabricar la apariencia de un apoyo de base, y para los votantes del Sureste de Los Ángeles y de otras comunidades que cada vez se informan más por las redes sociales, eso hace más difícil distinguir una recomendación de verdad de un anuncio, que es justo el daño que la ley quería evitar.

Pagarles a los creadores por su trabajo es legal, la instrucción de la campaña a sus empresas de contenido de exigir los avisos sí está escrita en los contratos, y los creadores pagados ya son comunes en muchas campañas, ya que la campaña de Mahan también les ha pagado y la campaña de Becerra enfrenta su propio escrutinio, pero la pregunta abierta es si decirle a un contratista que exija el aviso es suficiente cuando la campaña no revisa las publicaciones y varias de ellas igual salieron sin ningún aviso.